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11/12/2019

La UE publica la Directiva Europea de Protección del Denunciante

La nueva Directiva, que protege a las personas que denuncien casos de corrupción o fraudes y violaciones de las leyes en organizaciones públicas o privadas, entrará en vigor el 17 de diciembre.

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Directiva 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que obliga a los Estados miembros a aplicar normas mínimas comunes que garanticen una protección efectiva de los denunciantes.

La Directiva establece la obligación legal de establecer canales de denuncia internos para entidades jurídicas del sector privado con más de 50 empleados (art. 8.3). Estos canales deberán permitir denuncias en casi cualquier ámbito, tanto relacionadas con la corrupción o los delitos de naturaleza económica como con infracciones en materia de protección del medio ambiente, salud pública, protección de la privacidad y de los datos personales, etc.

Por su parte, los Estados miembros deberán establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables a las personas físicas o jurídicas que impidan o intenten impedir la realización de denuncias (art. 23), abriéndose un ámbito sancionador con perfil autónomo, previo y no necesariamente coincidente con el que se derive de la infracción denunciada, pudiendo las organizaciones llegar a sufrir sanciones por el mero hecho de no disponer de estos canales.

Los Estados de la UE disponen de dos años a partir de la entrada en vigor de la norma para trasponerla a su ordenamiento jurídico. Las empresas del sector privado de entre 50 y 249 empleados deberán aplicarla antes del 17 de diciembre de 2023.

A esta iniciativa de los poderes públicos se sumará a lo largo del año 2020 la publicación del estándar internacional ISO 37002 sobre sistemas de gestión de canales de denuncias.

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