Comunicación

Expertos en soluciones de control, calidad y seguridad.

24/06/2020

El Real Decreto-ley 23/2020 aprueba medidas extraordinarias de reactivación económica en materia de energía y otros ámbitos

La disposición presenta medidas orientadas a la recuperación económica, la movilización de recursos financieros y la creación de empleo sostenible. Se centra fundamentalmente en el sector energético, pero también incluye medidas para el sector del automóvil o las subvenciones en I+D+i.

Hoy se la publicado el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, cuyo objetivo principal es orientar la política energética a impulsar medidas que favorezcan la recuperación económica, la movilización de recursos financieros tanto nacionales como de la Unión Europea, la creación de empleo sostenible y la necesaria colaboración entre las políticas presupuestarias, monetarias, financieras y estructurales. El decreto entra en vigor el 25 de julio.

Debido al papel fundamental de la electricidad en el proceso de descarbonización de la economía, es condición indispensable garantizar el equilibrio y la liquidez del sistema eléctrico, que se han visto amenazados en los últimos tiempos por factores coyunturales, como la caída brusca de la demanda y los precios como consecuencia de la crisis del COVID-19.

Por ello se adoptan con carácter urgente medidas regulatorias para superar las barreras advertidas en el proceso de transición energética y dotar de un marco atractivo y cierto para las inversiones, impulsando el proceso de reactivación económica y su electrificación y la implantación masiva de energías renovables, al tiempo que se respeta el principio de sostenibilidad del sistema eléctrico.

Energías renovables

El primer bloque de la disposición incluye medidas para el desarrollo ordenado e impulso de las energías renovables para ordenar una cantidad muy elevada de solicitudes de acceso a la red eléctrica por instalaciones de energías renovables, que están absorbiendo la capacidad de evacuación de la red, con los riesgos inherentes a esta situación. En concreto, se ha convertido en el recurso escaso que limita y condiciona el despliegue de la nueva generación renovable.

De este modo, se regulan las condiciones para mantener el acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad, atendiendo a la viabilidad técnica y a la solidez de los proyectos, en función del cumplimiento de los sucesivos hitos administrativos que son necesarios para la autorización y ejecución de los mismos.

A estos efectos, los plazos máximos que se establecen para el cumplimiento de los distintos hitos tienen en cuenta, por un lado, la antigüedad del permiso y, por otro, la naturaleza del trámite administrativo de que se trate.

Con esta regulación se evitará retrasar o paralizar un elevado número de proyectos solventes, y en particular, impedir el acompañamiento de las nuevas inversiones a los procesos de cierre de centrales.

También se aborda un nuevo mecanismo de concurrencia competitiva para proyectos de energía renovable, que permitirá dotar a estas tecnologías de un marco retributivo predecible y estable. De este modo, las futuras subastas cumplirán un triple objetivo, ya que permitirán avanzar hacia la descarbonización de la economía, impulsando las inversiones y reduciendo el coste de la energía eléctrica, objetivos estos últimos, de especial interés en la situación económica generada por el COVID-19.

Para ello, el referido marco retributivo se otorgará mediante un mecanismo de concurrencia competitiva en el que la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de la energía.

Los procedimientos de concurrencia competitiva que se convoquen, que deberán estar orientados a la eficiencia en costes, podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada.

Nuevos modelos de negocio energético

El segundo bloque de la disposición contiene una serie de medidas para el impulso de nuevos modelos de negocio, con la finalidad de eliminar barreras administrativas, implementado al mismo tiempo un nuevo marco jurídico que permita impulsar la actividad económica, la competitividad del sector, el empleo, la digitalización, la descarbonización y neutralidad climática en el contexto de la Transición Energética.

De este modo, se incorporan disposiciones relativas al almacenamiento, agregadores independientes, comunidades de energías renovables, hibridación, infraestructuras de recarga de alta capacidad >250kW, autorización simplificada de proyectos de I+D+i, bancos de prueba regulatorios, autorización simplificada de instalaciones de red móviles, así como la optimización del uso de la capacidad de acceso concedida.

Para maximizar la utilización de las redes ya existentes y minimizar los impactos ambientales, se habilita la hibridación, es decir, el acceso a un mismo punto de la red de instalaciones que empleen distintas tecnologías de generación siempre que esto resulte técnicamente posible y se permite la autorización de instalaciones con una potencia instalada superior a la potencia de acceso y conexión otorgada, siempre que se respeten estos límites de evacuación en la operación de la planta.

De esta manera, se permite instalar más potencia de la que se puede evacuar en un momento dado tanto si se hace hibridando tecnologías como si se realiza con la misma tecnología de generación. Puesto que el recurso no tiene por qué coincidir temporalmente, permitirá optimizar la evacuación de energía, logrando así un mayor aprovechamiento de la red existente, una mejor utilización del recurso renovable y unas mayores sinergias ambientales.

A su vez, entre las nuevas figuras que se recogen en la Directiva y el Reglamento del mercado interior arriba señalados, se encuentra la definición de la agregación y de la figura del agregador independiente, que son aquellos sujetos que prestan servicios de agregación y que no está relacionado con el suministrador del cliente, entendiendo por agregación combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o de varios generadores para su venta, compra o subasta en cualquier mercado de electricidad.

También en relación a las nuevas figuras introducidas procedentes de las directivas europeas, se incorpora la definición de las comunidades de energías renovables, tal y como están previstas en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Esta figura, de acuerdo con dicha directiva, tiene como fin la participación de los ciudadanos y autoridades locales en los proyectos de energías renovables, lo que permitirá una mayor aceptación local de estas energías y una participación mayor de los ciudadanos en la transición energética.

Por otra parte, y con el fin de permitir que la red de transporte goce de cierta flexibilidad y de evitar que el hecho de ser una red planificada se convierta en un obstáculo de cara a lograr una mayor electrificación de la economía, se permite que, de forma excepcional, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros se puedan introducir en la planificación de la red de transporte determinadas instalaciones que se haya demostrado que puedan resultar críticas para la electrificación de la economía y transición energética.

Al mismo tiempo, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, de manera que se tengan en cuenta las singularidades de los proyectos piloto y de demostración que, por su naturaleza, tienen un grado de indefinición elevado y unos plazos de desarrollo y operación específicos.

También se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución que, por su naturaleza y singularidad, no se justifica que deban someterse al procedimiento general de autorización.

Con el fin de facilitar el despliegue de una red suficiente de estaciones de recarga de alta potencia para vehículos eléctricos, se introduce la necesidad de autorización de estas y se les otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW).

Eficiencia energética

Monitorización de consumos energéticosEl tercer bloque regula las medidas para el fomento de la eficiencia energética, extendiendo la vigencia del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética hasta 2030, adaptando el procedimiento de cálculo de las obligaciones de ahorro de cada sujeto obligado.

Medidas sectoriales complementarias

Finalmente, en el cuarto bloque se adoptan una serie de medidas sectoriales complementarias, entre las que destacan aquellas que tienen como objetivo principal mitigar los efectos negativos de la situación provocada por la crisis del COVID-19 sobre los sujetos que operan en los mercados energéticos y las destinadas a asegurar el equilibrio y la liquidez en el sistema eléctrico.

Para ello, se aumentan excepcionalmente los límites máximos expresados como porcentaje del PIB para mantener el ritmo inversor previsto originalmente y poder acometer las inversiones necesarias para la integración de la nueva generación renovable. Asimismo, durante el periodo 2021-2026, en el cálculo del volumen anual de inversión sujeto a la limitación de cantidad de la red de transporte no se computará el volumen de inversión motivado por interconexiones internacionales.

Para aquellas zonas donde la transición energética y ecológica pueda poner en dificultades a las empresas y actividades económicas de dichas áreas, se establecerán Convenios de Transición Justa que propongan un plan de acción territorial integral para tales zonas.

También se habilita a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al uso del superávit de ingresos del sistema eléctrico para cubrir los costes del sistema de 2019 y 2020.

Se adoptan medidas de acompañamiento para las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible: se establece la revisión del valor de la retribución a la operación que será de aplicación durante el periodo de vigencia del estado de alarma y se reducen un 50% los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020, respecto de los valores establecidos en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero.

Por último, se introduce una moratoria de nuevos permisos de acceso, con excepciones, en tanto no se desarrolla el marco reglamentario del acceso y conexión. En consecuencia, no se admitirán nuevas solicitudes sobre la capacidad de acceso que pueda existir a la entrada en vigor de este real decreto-ley o la que pueda liberarse posteriormente como consecuencia de caducidades, renuncias o cualquier otra circunstancia sobrevenida.

También se establece una moratoria de las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020, con el fin de otorgar tiempo a las empresas comercializadoras para que puedan recuperar liquidez después de la situación creada por el Estado de Alarma debido al COVID-19.

El real decreto-ley se completa con otras medidas de reactivación económica que afectan a los ámbitos de inversiones de entidades locales en vehículos eléctricos, la industria el automóvil, el sector ferroviario, el segundo dividendo digital y las subvenciones de proyectos I+D+i.

Envíenos su petición

O llámenos si lo prefiere

+34 902 01 05 62